Delincuentes con armas del Estado

Nosotros pagamos el arsenal de los narcos...
Por: Dina Fernández
Tengo el extraño privilegio de vivir en la calle aledaña a la residencia del presidente Álvaro Colom. Eso me hace acreedora al derecho de observar al pequeño ejército que todas las mañanas se apelotona en el callejón auxiliar que sirve de entrada a ambas lotificaciones.Además de los tres coleros de la caravana presidencial, hay por lo general dos paneles de la comisaría trece y uno o dos picops con la palangana llena de soldados en traje de combate.Un día estábamos esperando que el guardia nos abriera el portón del condominio, cuando noté que mi hijo de seis años miraba con suspicacia al batallón del Presidente y con esa lógica implacable de los niños me preguntó: “Mama, los soldados y los policías que cuidan al Presidente, ¿son buenos o son malos?”.¿Qué puede contestarle una madre guatemalteca a un niño que debe crecer con los pies bien sembrados en la realidad? “Pues depende m’hijo, depende”. Avanzamos unos metros y el niño siguió elaborando un razonamiento acorde con su inocencia: “Yo digo que son buenos mama. Si fueran malos no les darían todas esas pistolas”.Menos mal mi chiquito todavía no lee periódicos y no se ha enterado de que los narcotraficantes del país están armados y apertrechados con un arsenal que pertenece al Ejército de Guatemala y fue comprado con el dinero de los contribuyentes.Es el súmmum del absurdo: los delincuentes en nuestro país no sólo se la pasan risa y risa, desplumando y aterrorizando a la población, plenamente confiados en el imperio absoluto de la impunidad. Ahora resulta que hacen su “trabajo” con armas que pagamos nosotros.Vean qué belleza: aquí subsidiamos al crimen organizado. Los “nenecos” no se conforman con ganar millones en extorsiones, secuestros y comercio de droga… ¡También se las han ingeniado para que seamos nosotros quienes cubramos sus costos de maquinaria y equipo! Y ni hablar de la capacitación: también es cortesía de la casa cuando reclutan miembros de las fuerzas de seguridad.¿Qué nos pasa? No en vano dicen los funcionarios del mundo civilizado que nos hemos convertido en un paraíso de criminales. El sistema funciona exactamente al revés, protegiendo e incentivando a quien viola la ley, no a quien la respeta.Lo más triste es que ante el caos que reina en la Policía Nacional, donde al parecer nadie puede –¿o nadie quiere?– iniciar un auténtico proceso de rescate institucional, el Ejército sigue siendo, en el imaginario de los guatemaltecos, como la caballería en las películas de vaqueros: esa autoridad poderosa capaz de llegar en el último momento a componer la situación y salvar a la damisela en peligro.A juzgar por el cuidado que tienen para cuidar su propio armamento, me pregunto qué podrían hacer por el resto de nosotros.Como en todas las instituciones del Estado, hay militares decentes que seguro han de sentirse tremendamente abochornados ante la posibilidad de que en nuestro país ocurra lo inverosímil: ¡que las mafias le roben las armas al propio Ejército!El asunto merece una explicación, porque nadie es tan bestia como para tragarse el cuento de que esto fue un asalto furtivo. Según recuerdo yo, aquí a la tropa se le aleccionaba para defender el fusil con la vida. Así que no hay tales: el asunto huele a complicidades de alto rango. Los oficiales dignos de la institución armada deben actuar como corresponde y desenmascarar a los corruptos que le hacen los mandados a los capos. No se puede permitir que esa gente siga medrando a costa de la mayor parte de soldados y oficiales, esos mismos a quienes les roban sus pensiones y les regatean el salario, a quienes mandan al campo sin botas o las provisiones mínimas.En Colombia, donde también han habido problemas serios de corrupción en las fuerzas de seguridad, se logró rescatar a las instituciones. Eso desde luego no significa que no haya “garbanzos negros” como dice aquí el jefe de la CICIG, pero han logrado convertirlos en excepciones.El mismo camino hay que emprender en Guatemala. Y para eso se necesitan dos cosas: un acuerdo político entre los factores de poder y personas dispuestas a tomar riesgos en la defensa del país.Salidas hay. El problema es que demasiada gente se ha acomodado en las parrillas del infierno. Vea www.dinafernandez.com

¿Qué hay en el expediente del caso Rosenberg?

Un mes después del asesinato de Rodrigo Rosenberg, las hojas tamaño oficio de las dependencias judiciales empiezan a engrosar el fólder del proceso

Han pasado 30 días desde la mañana cuando Rodrigo Rosenberg cayó abatido. En la hora de su muerte montaba bicicleta. Solía hacerlo los domingos, declaró Luis Eduardo López Florián, conductor de la víctima. “Los sábados yo dejaba lista la bicicleta para que saliera a dar su vuelta, ayer todavía me dijo que le revisara si tenían aire las llantas…”, declaró el piloto ante el Ministerio Público (MP) horas después del crimen.El testimonio de López Florián es el acta que encabeza el legajo que empieza a formar el expediente. elPeriódico tuvo acceso a un fragmento del mismo. El empleado del abogado, según su declaración, habló con él minutos antes de que lo mataran. La llamada fue extraña: “A las 07:58 me llamó y me dijo que le habían llamado dos veces, pero que no le contestaban y que parecía que cortaban, y me dijo que iba a dar una vuelta en cicle, yo le dije que me esperara…”, relató.El piloto no alcanzó a verlo. Cuando regresó, a una cuadra del edificio donde residía su jefe, encontró a la Policía y una cinta amarilla que delimitaba el área del ataque. Cientos de papeles dan cuenta de la jornada de trabajo de ese 10 de mayo. Una decena de personas activaron sus pericias y habilidades para emprender las investigaciones del caso.Un día después, en el funeral, circuló un video de la víctima. En él responsabilizó de su muerte al presidente Álvaro Colom y su esposa Sandra Torres, y al secretario presidencial, Gustavo Alejos.
TESTIGOS SILENCIOSOSLos informes forenses sobre el cuerpo de la víctima relatan una historia silenciosa sobre el ataque. Fueron seis heridas las que acertaron los sicarios sobre Rosenberg: en la cabeza, en el pómulo izquierdo, en el cuello, en la clavícula izquierda, en el tórax y en el abdomen. Seis heridas. Pero ¿cuántos atacantes? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Uno fue suficiente? Son los eningmas que siguen los investigadores.Y mientras los médicos trabajaban en la necropsia, un grupo de técnicos analizaba el teléfono iPhone de la víctima. Fue imposible ingresar en un primer intento al sistema del aparato. Por la clave. Hacía falta la contraseña de Rosenberg para desbloquearlo. ¿Cómo saberla si él estaba ya muerto? Los analistas se ocuparon de ello durante 25 minutos, pero ante el fracaso, decidieron extraer la tarjeta SIM y de ella rescataron la agenda. Aunque sólo una parte, dice el acta de revisión.Una serie de preguntas emergen del aparatito: ¿encontraron los números de las misteriosas llamadas? ¿De dónde provenían? Y mejor aún: ¿quién era el interlocutor que llamó, colgó y dejó pensativo a Rosenberg? Más oficios del expediente revelan la correspondencia establecida entre policías y fiscales a fin de requerir los videos de cámaras de vigilancia a la administración de un edificio y un colegio aledaños al lugar del asesinato. Se supone que en uno de esos circuitos debieron quedar registradas imágenes de los vehículos donde viajaban los asesinos.

Valdés versus MendizábalEl empresario Gregorio Valdés presentó ayer una querella en contra de Luis Mendizábal. En la misma lo sindica del delito de omisión de denuncia por no informar que Rodrigo Rosenberg, asesinado el 10 mayo en un sector de la zona 14, estaba amenazado. El documento fue llevado al Centro de Gestión Penal del Organismo Judicial y será el Juzgado Segundo de Instancia Penal el que le dará trámite a la denuncia. Mendizábal distribuyó 150 copias del audio contenido en el video que dejó el abogado. La repartición la hizo en el funeral de Rosenberg.
Piden dimisión del Fiscal GeneralLos miembros de la Asamblea Ampliada de la Cámara del Agro solicitaron la renuncia de Amílcar Velásquez Zárate, fiscal general del Ministerio Público (MP). Según los representantes de esa organización, a un mes del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el ente investigador no presenta mayores avances en las investigaciones relacionadas al caso. Además exigieron que se practique una auditoría forense (mediante orden judicial) en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), pues la entidad fue mencionada por el abogado en el video donde culpó al Presidente de la República, su secretario privado Gustavo Alejos, Sandra Torres, Gregorio Valdés, Fernando Peña y Gerardo de León de su muerte.

se empieza a sentir el caso Rosenberg

Los representantes del Ejecutivo y del Ministerio de Agricultura (Maga) ante la Junta Directiva de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), presentaron su renuncia, a eso de las 11 horas, ante el presidente Álvaro Colom y ante el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Roberto Aldana Pérez, respectivamente.
El Ejecutivo era representado en Anacafé por Gerardo Alberto de León (titular) e Ítalo Alberto Antonioti Lira (suplente); mientras que en representación del Ministro de Agricultura tomaban parte Ciriaco Pirique Raguay (titular) y Rubén Darío Pacay Chocó (suplente).
Todos los funcionarios integran la Confederación de Cooperativas de Café de Guatemala (Fedecocagua) y de acuerdo con de León, las renuncias fueron presentadas “a raíz de los hechos acontecidos recientemente y en aras de la transparencia”, refiriéndose a las declaraciones póstumas del abogado Rodrigo Rosenberg, quien mencionó su nombre en un video grabado pocos días antes de su muerte.
Entrevistado vía telefónica, de León hizo alusión al video en donde Rosenberg le relacionaba con la muerte del empresario textil Khalil Musa y su hija Marjorie, y reiteró su inocencia en los actos que el abogado le imputaba. De León agregó que renunció al cargo en Anacafé para probar su inocencia y para estar abierto a todas las investigaciones.
De León, que actualmente se desempeña en Fedecocagua como subgerente de comercialización, también comentó que la renuncia no se debía a las presiones del Cacif, cuyos dirigentes solicitaron al Gobierno la destitución de sus representantes ante Anacafé.
“Actúo a título personal, por mi nombre y por la institución (Fedecocagua). Esa institución también fue allanada por las autoridades, como se supo en su oportunidad. Nos abrimos, a pesar de que una institución como Fedecocagua no está incluida en el video y en ninguna pesquisa y no aparecen en ninguna denuncia, pero, no obstante, por parte del proceso, sí está mi nombre”, señaló.
De León también comentó que no tenía vínculos con Banrural y que solo Fedecocagua guarda una relación bancaria y comercial como la tiene con otras instituciones bancarias, además de que es accionista como parte del sector cooperativa.
Según el ahora ex representante del Ejecutivo ante Anacafé, la relación con esa entidad cafetalera sigue siendo positiva y se mantendrá vigente. Agregó que la renuncia no afectaba en nada a los pequeños productores que integran Anacafé.
En mayo del año pasado, De León denunció que el uso de US$13 millones de las reservas de Anacafé no estaban siendo utilizados de “manera transparente” para toda la caficultura, lo que generó fricciones entre los integrantes de la Junta Directiva de esa asociación que eran representantes de pequeños productores (cuatro representantes de las cooperativas que se sumaron a los cuatro representantes gubernamentales).

Insulza viaja a Guatemala por crisis en ese país

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, viajará el fin de semana a Guatemala para dar su respaldo a la institucionalidad democrática del país, el cual está conmocionado por una acusación de que el presidente ordenó un homicidio, informó el martes la organización.
El viaje se hará el domingo y fue anunciado después que Insulza sostuviera una reunión en la jornada con Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG es un organismo de las Naciones Unidas al cual se le ha encargado la investigación de los asesinatos que han creado tensión política y social en ese país, y Castresana e Insulza revisaron juntos "los antecedentes", dijo la Organización de los Estados Americanos en un comunicado.
Sin embargo, no indicó si ambos trataron el tema del abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el 10 de mayo, y quien dejó un video en el cual acusa al presidente Alvaro Colom por su muerte.
Colom ha negado la acusación y pedido a la CICIG que efectúe una pesquisa al respecto, mientras miles de guatemaltecos demandaban por escrito y en las calles su renuncia al cargo.
Insulza tenía previsto viajar a Guatemala a comienzos de esta semana, pero su partida fue demorada ante compromisos derivados de la próxima asamblea de cancilleres en San Pedro Sula a fines del mes, dijo la OEA.
Indicó que el secretario general realizará en Guatemala "una ronda de entrevistas" que comenzará con una audiencia con Colom y proseguirá con autoridades de los poderes judicial, legislativo, partidos políticos y empresarios.
El viaje de Insulza tiene el propósito de "expresar el apoyo del organismo hemisférico a la democracia y a la institucionalidad, manifestar su preocupación por los acontecimientos que han remecido a la opinión pública guatemalteca, y poner énfasis en la trascendencia del respeto a la institucionalidad, al diálogo y a la convivencia pacífica, como únicas vías para superar las dificultades que se puedan enfrentar en el ejercicio de la democracia", dijo la OEA

Fiscal deja el caso Rosenberg por su nexo con el vocero presidencial

La fiscal Claudia Muñoz, que investigaba el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, en el que se implica al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, fue separada del caso por sus nexos con el vocero del mandatario, Fernando Barillas

Fuentes del Ministerio Público (MP) explicaron hoy que el fiscal general, Amilcar Velásquez, tomó la decisión de apartar del caso a Muñoz para evitar señalamientos de imparcialidad en la investigación.
Los nexos entre la fiscal y Barillas fueron denunciados por el opositor Partido Patriota (PP), que lidera el general retirado Otto Pérez, quien el pasado martes pidió a Colom retirarse de la Presidencia para permitir una investigación clara y transparente en el asesinato Rosenberg.
Barillas es en la actualidad novio de Michelle Mendoza, hija de la fiscal.
El PP había cuestionado ayer a la fiscal por sus nexos con el vocero del presidente Colom y por una reunión que mantuvo con el jefe de Estado, el pasado lunes, cuando ya se había revelado la denuncia en contra del mandatario, de haber consentido, junto a su esposa Sandra Torres, el asesinato de Rosenberg.
El jurista fue acribillado a tiros el pasado domingo en un sector del sur de la capital guatemalteca y un día después se divulgó un vídeo, en el que la misma víctima advertía de su eventual asesinato y acusaba del mismo a Colom, a su esposa y al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos.
La grabación fue hecha por el mismo abogado cuatro días antes de su asesinato y entregada a un amigo, el abogado Luis Mendizábal, quien se encargó de dar una copia a los medios de comunicación el pasado lunes.
El presidente de Guatemala ha rechazado en varias declaraciones su participación en el crimen y ha descalificado el contenido del vídeo que, según él, forma parte de los planes de conspiración para desestabilizar a su Gobierno.
Pese al pedido de renuncia que le han formulado familiares y amigos de la víctima, Colom aseguró ayer, durante una entrevista exclusiva con Efe, que: "no voy a renunciar jamás" y "sólo muerto me sacarán del Palacio".
"Yo de esta casa (de Gobierno) me voy sólo muerto. Yo no he asesinado a nadie, yo no soy narcotraficante, y nunca he hecho componendas contra la oposición. La verdad sobre el asesinato de Rosenberg se va a encontrar; la verdad sobre la fabricación del vídeo y la planificación de esta trama, también se va a encontrar", aseguró el mandatario.
El asesinato del jurista es investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que dirige el jurista español Carlos Castresana, y a las pesquisas se unió el FBI de Estados Unidos.

que queremos ¿incriminar a alguien o justicia?

¿Qué queremos?
Incriminar a alguien o justicia.
Por: Acisclo Valladares Molina

Para algunos, el triunfo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tendría que ser –necesariamente– que esta incriminara al Presidente de la República, no importándoles si es o no responsable de los hechos.La ley es la ley y la ley señala el camino para procesar a todo funcionario público cuya función la proteja el antejuicio, no siendo el camino de la renuncia el señalado por las leyes.Si la CICIG –comisión internacional de las Naciones Unidas– encuentra razones suficientes para perseguir al Presidente, instará al Ministerio Público (MP) para que pida el antejuicio, algo que puede solicitar la Fiscalía, lo pida o no se lo pida la CICIG.El antejuicio habría de ser conocido en última instancia por el Congreso de la República, organismo que con el voto favorable de las 2 terceras partes del total de diputados que lo integran –105 de los 158– podría declararlo con lugar, en cuyo caso el Presidente quedaría suspendido de su cargo.Nadie puede renunciar al antejuicio y es absurdo que se pida o que se ofrezca lo que no puede realizarse. La razón de que no sea renunciable es que el antejuicio no se establece por la linda cara de nadie, sino por el cargo que se ocupa y que no busca la protección de las personas sino la del desempeño de los cargos.No han faltado cínicos o ignorantes que hayan ofrecido renunciar al antejuicio, ni quienes lo pidan, con igual cinismo o ignorancia siendo irrenunciable.Lo que sí se puede –y que fue precisamente lo que hice cuando fui Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público– es que el propio funcionario pida que el antejuicio se declare con lugar. En mi caso –en efecto– pedí que así se declarara por la razón de Estado que esgrimí: predicar con el ejemplo la sujeción de todos a la ley, algo que me era obligado por razón de mis funciones y del momento crucial que se vivía: la posible antesala de la paz. El caso de un Presidente de la República, sin embargo, es distinto, provisto como lo está de todo un mandato electoral.Ningún funcionario puede renunciar al antejuicio y no está obligado funcionario alguno a pedir que el antejuicio se declare con lugar o a la renuncia de su cargo.Pedir la renuncia al Presidente –y pretenderla– es un acto político y no jurídico.La Organización de Estados Americanos (OEA) ante la oportuna gestión del Estado, se ha pronunciado por la institucionalidad del país y otro tanto han hecho instituciones tan disímiles como el Centro General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF), la Universidad de San Carlos, el Procurador de los Derechos Humanos, las iglesias católica y evangélica y quizá lo más importante: las propias familias de las víctimas. Una cosa es querer justicia y otra un golpe de Estado, directo o solapado, siendo el caso que una “renuncia” impuesta, lo sería.Algunos se sentirían satisfechos si lograran colmar sus aspiraciones políticas, defenestrar al mandatario y hacerse –interpósita mano– del Gobierno, importándoles un bledo, ¡así de claro! el castigo de los culpables.Otros por el contrario, lo que queremos es justicia siendo esta la que –ciega– defenestre o no al gobernante. La que –ciega– y sean estos quienes sean, castigue a los culpables.¿Qué es lo que queremos, justicia o poder?

Que se aporten pruebas. Eso es esencial.

Ante una economía alicaída de galopante desempleo y en medio una nueva guerra de la sociedad guatemalteca, liderada por el Gobierno, en contra del crimen organizado y narcotráfico transnacional, la denuncia pública post mórtem dejada en audio-video por el propio asesinado Rodrigo Rosenberg, se ha convertido en factor inesperado, preocupante y francamente desestabilizador.Ante el riesgo de la anomia total, los hechos nos han dejando estupefactos y estamos apesadumbrados sobre la gobernabilidad del país, aunque también podríamos convertir esta situación en una extraordinaria oportunidad para fortalecer la institucionalidad, obtener justicia y superar la desconfianza generalizada en el Ministerio Público (MP) y demás instituciones encargadas de la investigación, aprehensión, juzgamiento y castigo de los culpables.Un ejemplo ha sido la forma pacífica y sin enfrentamientos como se han desarrollado manifestaciones a favor y en contra. Unos buscando justicia pidiendo persecución penal en contra de los señalados y los otros respaldando al presidente Colom y sus funcionarios. Estas expresiones deben seguirse realizando con cordura y decencia.Aunque se ha politizado el asunto y no pudimos ver a los señalados presentándose voluntariamente a dar sus declaraciones ante el MP, demostrando su inocencia el mismo día en que se publicaron las acusaciones, a estas alturas lo esencial y urgente es que las investigaciones aporten pruebas para dilucidar los asesinatos de Rosenberg y los Musa, para desvirtuar o para confirmar lo denunciado en el audio-video.Confío en no equivocarme pero, francamente, todavía me parece inverosímil que Álvaro Colom haya ordenado los asesinatos; sin embargo, el legado Rosenberg sembró la desconfianza a nivel mundial.Ahora se ha convertido en un tema mediático y un pulso entre el Gobierno y sus seguidores en contra de ciudadanos que exigimos justicia pronta y cumplida, contaminado por aquellos que llevan agua a su molino: por un lado, exacerbando la lucha de clases, y por otro, exigiendo la renuncia del presidente Colom.No olvidemos el contexto en que se genera este gravísimo caso: un entorno económico recesivo y la nueva guerra. No es acaso que habrá quienes, en el más obscuro anonimato, estén frotándose las manos y disfrutando de estas desgracias que aquejan y debilitan, aún más, nuestro sistema de seguridad y justicia poniendo en estado precario la gobernabilidad del país. Estamos ante un dilema y, más allá de la política, lo prioritario es una investigación pronta, independiente y absolutamente creíble.