Tuesday, May 19, 2009

que queremos ¿incriminar a alguien o justicia?

¿Qué queremos?
Incriminar a alguien o justicia.
Por: Acisclo Valladares Molina

Para algunos, el triunfo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tendría que ser –necesariamente– que esta incriminara al Presidente de la República, no importándoles si es o no responsable de los hechos.La ley es la ley y la ley señala el camino para procesar a todo funcionario público cuya función la proteja el antejuicio, no siendo el camino de la renuncia el señalado por las leyes.Si la CICIG –comisión internacional de las Naciones Unidas– encuentra razones suficientes para perseguir al Presidente, instará al Ministerio Público (MP) para que pida el antejuicio, algo que puede solicitar la Fiscalía, lo pida o no se lo pida la CICIG.El antejuicio habría de ser conocido en última instancia por el Congreso de la República, organismo que con el voto favorable de las 2 terceras partes del total de diputados que lo integran –105 de los 158– podría declararlo con lugar, en cuyo caso el Presidente quedaría suspendido de su cargo.Nadie puede renunciar al antejuicio y es absurdo que se pida o que se ofrezca lo que no puede realizarse. La razón de que no sea renunciable es que el antejuicio no se establece por la linda cara de nadie, sino por el cargo que se ocupa y que no busca la protección de las personas sino la del desempeño de los cargos.No han faltado cínicos o ignorantes que hayan ofrecido renunciar al antejuicio, ni quienes lo pidan, con igual cinismo o ignorancia siendo irrenunciable.Lo que sí se puede –y que fue precisamente lo que hice cuando fui Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público– es que el propio funcionario pida que el antejuicio se declare con lugar. En mi caso –en efecto– pedí que así se declarara por la razón de Estado que esgrimí: predicar con el ejemplo la sujeción de todos a la ley, algo que me era obligado por razón de mis funciones y del momento crucial que se vivía: la posible antesala de la paz. El caso de un Presidente de la República, sin embargo, es distinto, provisto como lo está de todo un mandato electoral.Ningún funcionario puede renunciar al antejuicio y no está obligado funcionario alguno a pedir que el antejuicio se declare con lugar o a la renuncia de su cargo.Pedir la renuncia al Presidente –y pretenderla– es un acto político y no jurídico.La Organización de Estados Americanos (OEA) ante la oportuna gestión del Estado, se ha pronunciado por la institucionalidad del país y otro tanto han hecho instituciones tan disímiles como el Centro General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF), la Universidad de San Carlos, el Procurador de los Derechos Humanos, las iglesias católica y evangélica y quizá lo más importante: las propias familias de las víctimas. Una cosa es querer justicia y otra un golpe de Estado, directo o solapado, siendo el caso que una “renuncia” impuesta, lo sería.Algunos se sentirían satisfechos si lograran colmar sus aspiraciones políticas, defenestrar al mandatario y hacerse –interpósita mano– del Gobierno, importándoles un bledo, ¡así de claro! el castigo de los culpables.Otros por el contrario, lo que queremos es justicia siendo esta la que –ciega– defenestre o no al gobernante. La que –ciega– y sean estos quienes sean, castigue a los culpables.¿Qué es lo que queremos, justicia o poder?

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